Cantabria negociará con Madrid para evitar el recurso contra la prohibición del fracking
"Ambas administraciones crearán una comisión para analizar si la ley regional es inconstitucional
El Ministerio de Industria respalda la fractura hidráulica"
Con este titular en portada, se abría la edición en papel de este lunes del Diario Montañés.
La noticia: el gobierno autonómico negociará con Madrid su prohibición al fracking.
La noticia: el gobierno autonómico negociará con Madrid su prohibición al fracking.
Recordamos que, hace poco más de una semana, el Gobierno Central transmitió al Parlamento de Navarra que su "ley antifracking" constituiría una invasión de competencias y que, por lo tanto, se trata de una ley inconstitucional.
También recordamos que, el pasado viernes 27 de septiembre, se publicó en el BOE el inicio de un "Procedimiento de declaración de inconstitucionalidad" de la ley riojana contra el fracking, por el cual una "Comisión Bilateral" entre Estado y C.A. se compromete a "Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con la Ley 7/2013" y a "Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda".
Es decir, que estamos en las mismas.
El Gobierno Central ha decidido mover ficha, y lo hace intentando cargarse todas las "leyes antifracking" aprobadas hasta el momento.
Frente a una clara oposición de la población, el Estado decide utilizar la fuerza para imponer su voluntad, que es la de las empresas que patrocina.
El Gobierno Central ha decidido mover ficha, y lo hace intentando cargarse todas las "leyes antifracking" aprobadas hasta el momento.
Frente a una clara oposición de la población, el Estado decide utilizar la fuerza para imponer su voluntad, que es la de las empresas que patrocina.
Como siempre, cuando hay detrás intereses tan grandes, no podemos confiar en que sean los políticos quienes solucionen el problema.
Como siempre, tendremos que ser la gente que vivimos en estos territorios quienes paremos los pies a las empresas y al ministerio de industria, que quieren destrozar nuestra tierra y acabar con nuestra forma de vida.
Como siempre, tendremos que ser la gente que vivimos en estos territorios quienes paremos los pies a las empresas y al ministerio de industria, que quieren destrozar nuestra tierra y acabar con nuestra forma de vida.
Os dejamos con el artículo aparecido ayer en el Diario Montañés.
Ambas administraciones constituirán una comisión bilateral para analizar si existen causas de inconstitucionalidad en la ley cántabra
El ministro de Industria confía en el fracking para reducir el déficit energético español
El Gobierno regional negociará con Madrid para evitar que la Administración del Estado recurra ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada hace cinco meses por el Parlamento de Cantabria que prohibe la técnica del fracking en la comunidad autónoma para la extracción de gas. Ambas administraciones formarán una comisión para analizar si la norma cántabra es inconstitucional. El Ejecutivo del PP, y también los partidos de la oposición PRC y PSOE, se oponen al fracking, pero el ministro de Industria, José Manuel Soria, es un firme partidario de este procedimiento.
SANTANDER. La prohibición de la fractura hidráulica en Cantabria, aprobada por el Parlamento hace cinco meses, acumula desde entonces sucesivos episodios administrativos cuya extensión supera ya los dos folios que ocupa la ley. Primero, Repsol desoyó la normativa y prosiguió la tramitación ante el Ministerio de Industria para levantar un pozo de extracción de gas en los valles pasiegos, avance que propició alegaciones –cabreadas– de ayuntamientos y de la comunidad. Después, el Ejecutivo de Ignacio Diego anunció que encomendaría a la Universidad de Cantabria la vigilancia de su prohibición. Y ahora, después de escuchar varios reproches velados de José Manuel Soria, los Gobiernos central y autónomico se sentarán a negociar para evitar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.
«Ellos intentarán convencernos de que sí, y nosotros de que no», resume con una frase simple el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Fernández. «El Estado entendía que podía haber una posible inconstitucionalidad», añade, pues la prohibición suspende las licencias de prospección y extracción concedidas por la Administración nacional para subsuelos que abarcan varias regiones. Y aunque en teoría solo las suspende aquí, las multinacionales de los hidrocarburos que se ganaron el permiso de Industria pierden una porción notable de su negocio. Esto es, millones de euros.
Soria es un defensor a ultranza del fracking como el vehículo más rápido para reducir el déficit energético español. La controvertida técnica minera, que propulsa bajo tierra toneladas de agua mezcladas con rocas y productos químicos, detecta y desencapsula gas pizarra con rapidez y con notable provecho para sus promotores. Sus detractores, por contra, alertan del daño a los acuíferos subterráneos, a la fauna, y hasta de los terremotos de baja intensidad que, supuestamente, provoca dicha ingeniería. Estos argumentos, en parte, son los que ha asumido el Gobierno de Diego.
Aunque hasta la fecha el ministro no ha opinado directamente sobre el freno de la fractura hidráulica en Cantabria, el pasado 2 de septiembre auguró que el conflicto podría acabar en los tribunales, adonde –supone– recurrirán las empresas per judicadas. Porque la circunstancia se ha complicado más allá del que, en principio, se erigió como rebelde reducto del norte.
Efecto dominó
La prohibición suscrita por el Parlamento autonómico en abril abrió una espita que convenció a otros gobiernos regionales, donde las protestas ciudadanas contra el fracking también estaban caldeadas. La Rioja y Navarra ya blanden papeles similares, y también negociarán para garantizar su vigencia.
De hecho, el Boletín Oficial del Estado anunció el pasado viernes la constitución de una «comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja», cuyo objetivo es «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con la Ley 7/2013»; es decir, en relación con el fracking. La comisión lleva adjunta su correspondiente «grupo de trabajo». Cuando las conversaciones entre ambas administraciones alcancen alguna conclusión, en la que cabe desde el entendimiento hasta la discrepancia completa, «se comunicará al Tribunal Constitucional».
Javier Fernández avanza que el procedimiento en Cantabria será el mismo, porque también las leyes son casi iguales. «En función de lo que se decida en esa comisión, el Estado decidirá si presenta un recurso de inconstitucionalidad o no». La última vez que lo hizo en un caso parecido, la modificación de la Ley del Suelo para proponer una salida a los inmuebles del litoral condenados al derribo, ganó, y obligó a la autonomía a redactar otra ley.
Con el fracking, el gabinete de Diego confía en la fundamentación de su norma, que apela a las competencias regionales para terciar en una actividad económica que despierta un contundente rechazo social. Fernández siempre utiliza la misma analogía: si la licencia incluyese un entorno con protección cultural, el permiso de investigación de extracción sería inválido en dicho entorno.
La prohibición cuenta con un valor político añadido, pues ha sido una de las pocas ocasiones en que Gobierno y oposición han votado al alimón en lo que va de legislatura. Además, es el único asunto en el que Ignacio Diego se ha significado con una opinión distinta a la de Madrid, pues ni con los debates sobre déficit, los recortes o inclusive el dinero para el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla había disentido como con el fracking. «En este tema tenemos profundas diferencias», confió hace un mes.
Entretanto, Repsol sigue adelante con la ampliación del permiso denominado «Luena Profundo», cuya inversión calcula en 30 millones de euros y que rematará con la instalación de un pozo con 2.500 metros de profundidad. Según el PP cántabro, aunque la burocracia avance, será en balde.
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